Plan de Emergencia Habitacional: se priorizarán 31 campamentos del Biobío
El Plan de Emergencia Habitacional (PEH) anunciado por el Gobierno, a principios de julio, busca promover una planificación territorial estratégica y colaborativa, basada en el bienestar de las personas que viven en ellos.
Si bien el Minvu cuenta actualmente con un presupuesto de $2.657.164.000 para trabajar este 2022, en lo que respecta al PEH, se definió una estrategia que priorizará a parte de los 167 campamentos de la Región, destinándose una inversión de $1.600 millones, para distintos tipos de acciones.
“Se generaron nueve zonas de integración urbana y social prioritarias, en una especie de microzonas: Coronel, con tres campamentos; Lota, con 16; Talcahuano, con 7; Concepción, con tres; Tomé, con uno; y la provincia de Arauco, específicamente en el cruce Carampangue-Arauco, con un campamento. Favoreciendo a un total de 2.148 familias”, detalló el seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Roberto Grandón.
Agregó que “se tomó la decisión de trabajar con esas nueve zonas, por el nivel de avance que tienen dichos campamentos y las posibilidades de poder desarrollar un proyecto más rápido o despejar el terreno, porque si el privado tomó acciones legales, hace urgente sacar a la población del lugar, buscando un terreno factible que permita relocalizar a las familias y ejecutar un proyecto”.
Líneas de acción
La estrategia de enfoque integral y participativo, en el caso de campamentos, se basará en dos líneas: Plan Construyendo Barrios y el Plan de Gestión Habitacional.
“En el caso del primero, va asociado a los campamentos que quedarán radicados en los territorios, lo que incluye obras de urbanización, de equipamiento y cuando corresponda, mejoramiento de viviendas”, comentó Grandón.
“La Gestión Habitacional tiene que ver con los que deben salir de los terrenos (estar en zona de riesgo de derrumbes o no hay factibilidad de agua potable y alcantarillado), donde se desarrollará otra estrategia, la cual consiste en buscar terrenos para llevar a cabo proyectos habitacionales a futuro”, indicó el seremi (s), lo que significará mejorar las condiciones de las 7.436 familias del total de asentamientos precarios del Biobío.
Provincia de Arauco
El catastro de campamentos formales da cuenta de 31 en la provincia de Arauco. Carácter de formales, porque en la zona se han generado varias tomas y, si bien es difícil definir una cifra taxativa, al ser dinámicas, la cartera habla de la presencia de 90.
“Curanilahue y la zona entre Los Álamos y Lebu, son las que concretan la mayor cantidad de tomas, emplazadas en terrenos privados. Si bien puede tomarse como un problema del privado con los pobladores, como ministerio no podemos estar ajenos, ya que somos parte de la solución, por lo que estamos haciéndonos cargo de las familias que están en las tomas, viendo si es factible incorporarlos a nuestros programas y que alternativas tienen”, explicó el seremi (s) Grandón.
La autoridad contó que en la provincia de Arauco, el Gobierno Regional (Gore) compró terrenos para levantar proyectos sociales en la zona.
“En Lebu se va a desarrollar un proyecto a final de año, que involucrará viviendas industrializadas, con alguna empresa determinada. Se habla de 360 soluciones (viviendas) para las familias de la provincia, bajo dos mecanismos: vía paneles y otros en formato de módulos, que se llevan armados al terreno, lo que hará más eficiente la construcción en términos de costo”.
Agregó que “si bien el PEH incorpora la opción de levantar terrenos del Fisco (Bienes Nacionales, Fuerzas Armadas y Ferrocarriles del Estado), de igual forma debemos llevar a cabo un trabajo muy de la mano con las municipalidades y los propietarios de los terrenos, sobre todo en la zona de Arauco, donde los terrenos son de una Forestal”.
En cuanto a las metas que determinó la cartera para el Biobío, Grandón dijo que “se espera contar con un banco de proyectos bastante más robusto para dar solución a las familias. Iniciativas que serán más rápidas gracias a la implementación de la industrialización de las viviendas, que acortará los puntos de ejecución que, actualmente, van de 18 meses a dos años, y que en este último periodo de pandemia se alargó mucho más”.
