Residencias de protección bajo cuestionamiento por muerte de adolescente
Fuente: Diario de Concepción
El asesinato de un adolescente de 16 años en el Parque Ecuador, ocurrido la noche del miércoles, ha reabierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de protección a la niñez en el país. El joven, oriundo de Mulchén, se encontraba bajo custodia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y había salido, junto a un grupo de jóvenes, sin autorización de la residencia Castellón ubicada en Concepción.
Desde el Servicio de Protección explicaron que “las residencias familiares no son centros de reclusión”y que, en el caso de las salidas no autorizadas, “se activa un protocolo que considera búsqueda inmediata y, si han pasado más de dos horas, se interpone una denuncia por presunta desgracia en Carabineros”.
Consultados sobre cuándo y en qué circunstancias se produjo la salida del joven, respondieron que “esa información es reservada porque forma parte de la investigación en curso”.
“El sistema no está funcionando”
El hecho ha generado fuertes críticas desde diversos sectores. La diputada Marlene Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, sostuvo que lo ocurrido “refleja crudamente el abandono estatal”. Y agregó: “Se supone que debía estar protegido y terminó muerto y otro joven gravemente herido. Es una tragedia que se pudo evitar”.
La parlamentaria denunció una serie de fallas estructurales en el sistema, incluyendo sobrecupo en residencias, niños en lista de espera y falta de trazabilidad de los casos. “Hoy tenemos más de un 47% de residencias con sobrecupo, más de 40 cerradas en los últimos dos años y 188 niños esperando un cupo para ser protegidos. Esta es la realidad que tenemos que cambiar”, recalcó.
Pérez adelantó que este miércoles comenzará la discusión del proyecto de Ley de Armonización del Sistema de Protección Integral de la Niñez, el cual, aseguró, “debe corregir las fallas heredadas del ex Sename”. Entre las propuestas, insistió en la necesidad de establecer auditorías externas, fortalecer la articulación institucional y dotar de mayores atribuciones a organismos garantes como la Defensoría de la Niñez.
Mirada desde la academia
Pamela Bacari Jiménez, doctora en Psicología Social y académica de la Universidad de Concepción, analizó el caso desde una perspectiva más profunda: “Estos niños y niñas ya vienen rematados desde el nacimiento. La sociedad ya hizo su veredicto”, dijo.
Para Bacari, el problema excede a las residencias. “Tiene que haber un cambio cultural, un cambio en el relato institucional y en el tratamiento mediático. Si fuéramos un estado garante de derechos, estos niños estarían más protegidos. Pero eso requiere voluntad y acción desde todos los niveles”.
La experta también hizo un llamado a repensar el enfoque actual: “Las residencias cronifican la vulneración. Es clave avanzar hacia familias de acogida y vínculos afectivos reales. Los niños que inician una vida delictiva generalmente no han tenido relaciones de apego ni noción de ciudadanía. El cambio debe ir desde lo macro a lo micro”, señaló.
Un sistema en revisión
Mientras la investigación judicial sigue su curso, el caso del adolescente fallecido vuelve a exponer los límites y desafíos del sistema de protección infantil en Chile. Desde Mejor Niñez aseguraron que “existe una constante socialización de los protocolos” y monitoreo regional en coordinación con las policías.
Sin embargo, la muerte del joven no solo enluta a la institución, sino que también interpela a una sociedad que, según la académica Bacari, “ha dejado de mirar a estos niños como sujetos de derecho”. Por ahora, el foco está puesto en esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades institucionales.
